Expropiación de suelo dotacional público



Expropiación de suelo urbano calificado de dotacional público
El suelo destinado por los Planes Generales a usos públicos como colegios –dotacional educativo-, parques y jardines –sistema local de zonas verdes -, calles –sistema viario- o usos análogos es denominado legalmente como suelo dotacional o como suelo de redes públicas.

Este suelo dotacional es obtenido normalmente por las administraciones mediante cesiones de las juntas de compensación, al desarrollarse unas determinadas zonas o sectores. No obstante, existen numerosos casos de suelos dotacionales que no son adscritos a ningún ámbito urbanístico y que por tanto no pueden obtenerse por cesión con cargo a una junta de compensación. Los propietarios de estos suelos, ubicados muchas veces en medio de una población (suelo urbano consolidado), se quejan de que sus propiedades que se quedan “congeladas”, porque ni las pueden usar –porque están destinadas a usos públicos-, ni se les paga el correspondiente justiprecio por su expropiación.

Obligación de expropiar
Los Ayuntamientos están obligados a expropiar estas parcelas en un plazo máximo desde que se aprueba el PGOU o instrumento que las califica como suelo urbano consolidado con uso dotacional. Este plazo varía según la Comunidad Autónoma, pero suele oscilar entre los cinco años previstos en la Comunidad de Madrid (art. 94 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo), en Galicia (arts. 166.2 y 99 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre) y en Canarias (arts. 137-138 del Real Decreto Legislativo 1/2000,); a los cuatro años previstos en la Comunidad Valenciana (artículo 436 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo). La mayoría de las Comunidades autónomas tienen mecanismos equivalentes.

Expropiación a instancia del propietario

El problema es que los Ayuntamientos no están muchas veces interesados en estas parcelas y por ello demoran su expropiación indefinidamente. Ante esta situación los propietarios deben de presentar un escrito formal comunicando su propósito de iniciar el expediente de justiprecio.

Tras recibir el citado escrito, los Ayuntamientos deberían de iniciar un expediente expropiatorio y conceder al propietario plazo para formular una hoja de aprecio. No obstante, muchos Ayuntamientos permanecen inactivos, supuesto en el que, una vez transcurrido el plazo legalmente fijado – p. ej. seis meses en Valencia, un año en Canarias o dos años en Galicia - el expediente de justiprecio se tiene por iniciado “por ministerio de la Ley” y el expropiado puede formular directamente hoja de aprecio con su valoración. En el supuesto de que la inactividad persistiese sin obtener contestación a dicha valoración, la legislación permite acudir al Jurado Territorial de Expropiación Forzosa. De hecho, en algunas Comunidades se permite la formulación directa de la Hoja de Aprecio ante dicho Jurado.

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