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14/01/2015

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¿PUEDE LA ADMINISTRACIÓN DESISTIR O RENUNCIAR A UNA EXPROPIACIÓN?

El desistimiento o renuncia a una expropiación por parte de la administración solo es posible en los momentos iniciales del proceso expropiatorio. No obstante, una vez fijado el justiprecio o haberse producido la ocupación la expropiación se considera consumada y la administración está obligada a pagar el justiprecio a los expropiados.

La consumación de la expropiación por la mera fijación del justiprecio (aunque no se haya pagado) ha sido reconocida en la Sentencia de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 marzo 1993. Recurso núm. 6285/1990. Ponente José Hernando Santiago (RJ\1993\1913), donde se concluye lo siguiente:

"En el caso aquí enjuiciado lo que en realidad se produce es un desistimiento expropiatorio, mas como dijo la Sentencia de esta Sala de 2-6-1989 (RJ 1989\4308), no es posible desistir de una expropiación ya consumada por haberse producido la ocupación material del bien expropiado o por haberse fijado el justiprecio, ya que entonces surge un derecho subjetivo del expropiado que no puede quedar vulnerado con un desistimiento del beneficiario de la expropiación, en razón a que por otra parte se conculcaría además lo dispuesto en el art. 6.2 del Código Civil, referido a que la renuncia de los derechos reconocidos por las leyes sólo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros, y esto último es lo que acontecería en el presente caso si se admitiese la anulación postulada y se dejasen sin efecto los acuerdos expropiatorios combatidos, pues el Ayuntamiento recurrente acude a la vía de la lesividad, al ir contra sus propios actos, ante la irrevocabilidad absoluta en nuestro sistema jurídico de los actos declarativos de derecho por la vía o camino de la autorrevocación, procediendo en razón de cuanto se viene exponiendo la desestimación del recurso de apelación deducido por el Ayuntamiento de Deba y la confirmación de la sentencia apelada”.

En definitiva, la jurisprudencia es muy clara al concluir que la consumación de la expropiación se produce con la mera fijación del justiprecio, sin que sea necesario su pago, por lo que la firma de un mutuo acuerdo expropiatorio o el acuerdo del Jurado que fija el Justiprecio consuma la expropiación, naciendo en ese momento un derecho subjetivo a favor de la recurrente a cobrar el justiprecio e impidiendo el desistimiento de la expropiación.

En los últimos años están siendo abundantes los casos en que la administración comunica a los expropiados el desistimiento a la expropiación varios años después de haber fijado el justiprecio y de haber firmado el acta de ocupación. En algunos supuestos se ha producido incluso la salida de los expropiados de sus viviendas y la inscripción de los terrenos a nombre de la administración expropiante en los registros públicos (catastro, registro de la propiedad, etc.). Estas actuaciones son ilegales y los expropiados pueden exigir el pago del justiprecio fijado.

Finalmente, en el caso de haberse fijado el justiprecio o producido la ocupación, tampoco cabe alegar razones políticas, de interés público, o de falta de presupuesto tal y como ha reconocido la Sentencia de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 marzo 1993. Recurso núm. 6285/1990. Ponente José Hernando Santiago (RJ\1993\1913), donde se concluye lo siguiente: La mera formulación de carencia de medios o insuficiencia de las dotaciones presupuestarias para llevar a término la expropiación acordada, no puede ser por sí sola causa suficiente generadora de la anulación de los actos expropiatorios postulada por el Ayuntamiento de Deba, pues cuando adoptó el acuerdo expropiatorio y los actos posteriores de ejecución, debió prever la carga económica que el desplazamiento coactivo de la propiedad llevaba aparejada como elemento previo determinante del acuerdo expropiatorio y sin suficiencia de medios no debió acordar los actos que ahora pretenden se anulen, aun cuando ello no resulte de razones de mera oportunidad sino por carencia apuntada de medios económicos para su ejecución”.

OLANO ABOGADOS es un despacho especializado en expropiación y tenemos amplia experiencia en los supuestos de desistimiento o renuncia a la expropiación por parte de las administraciones públicas.

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